Reporteros sin Fronteras celebra la decisión, adoptada por la justicia española de dar curso a nuevas órdenes de detención internacionales contra los tres militares norteamericanos implicados en la muerte de José Couso, camarógrafo del canal Telecinco, quien el 8 de abril de 2003 murió por disparos de un tanque estadounidense, junto a su colega ucraniano Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, cuando ambos se encontraban en el Hotel Palestine de Bagdad.
«Aplaudimos la decisión del Tribunal Supremo que permite volver a poner en marcha el proceso por la muerte de José Couso. Ya es hora de que este caso salga del laberinto administrativo y jurídico en el que lleva varios años perdido. Las declaraciones del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp podrían aportar respuestas a las preguntas que siguen el aire en este caso. Pedimos a las autoridades norteamericanas que respeten la demanda de la justicia española, y de la familia de José Couso quien, después de más de siete años de espera, tiene más necesidad que nunca de conocer toda la verdad sobre su muerte», ha declarado la organización Reporteros sin Fronteras.
La medida fue posible gracias a un último recurso presentado por la familia de José Couso a comienzos del mes de julio de 2010, el Tribunal Supremo pidió a la Audiencia Nacional (la corte penal encargada de delitos especiales, como terrorismo o narcotráfico, y cuya jurisdicción se extiende a todo el país) que volviera a abrir la causa, sobreseída varias veces con anterioridad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que los tres militares estadounidenses presuntamente responsables de estas muertes ya han sido absueltos por el Pentágono.
"Los soldados implicados fueron objeto de una investigación del Ejército y, dadas las circunstancias existente en Irak, fueron absueltos", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Phillip Crowley. "Dejo a las autoridades españolas el analizar una vez más los detalles" de este caso, agregó.
Esta es la segunda vez que el Tribunal Supremo ordena a la Audiencia Nacional reabrir el caso, después de que en diciembre de 2006 el alto tribunal anulara un primer archivo de la causa rechazando que el fallecimiento pudiera incardinarse en un 'acto de guerra'.
En su resolución, el Supremo sostiene que el auto de la Audiencia Nacional anticipaba "una sentencia absolutoria cuando no se han agotado las diligencias de instrucción".
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