A un año del golpe de Estado que sumió a Honduras en la violencia interna, Amnistía Internacional ha acusado a las autoridades hondureñas de no abordar las graves violaciones de derechos humanos que se produjeron tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando el ex presidente Manuel Zelaya fue derrocado.
Los miembros del ejército y la policía, responsables de detenciones masivas, palizas y torturas tras el golpe no han sido puestos a disposición judicial tras la llegada al cargo en enero del nuevo presidente, Porfirio Lobo. Mientras, la muerte de siete periodistas
en los últimos tres meses ha incrementado la preocupación por la libertad de expresión. “El presidente Lobo se ha comprometido públicamente con los derechos humanos, pero no ha tomado medidas para protegerlos, lo cual es inaceptable. El señor Lobo debe demostrar que se toma en serio la tarea de terminar con el clima de represión y de inseguridad reinante en Honduras, pues de lo contrario la futura estabilidad del país seguirá amenazada”, ha dicho Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
El presidente Lobo fue elegido en noviembre del año pasado, en medio de una crisis política con alcances internacionales, en la que políticos hondureños, apoyados por el ejército, derrocaron al entonces presidente Zelaya.
En las protestas que estallaron durante los meses siguientes, cientos de personas que se oponían al derrocamiento fueron golpeadas y detenidas por las fuerzas de seguridad y, según los informes, más de 10 personas murieron en los enfrentamientos. Además, con frecuencia la policía y el ejército hicieron un uso inadecuado de la fuerza, de los gases lacrimógenos y otros materiales antidisturbios.
Ataques contra activistas, jueces y periodistas
Hubo amenazas e intimidaciones de activistas de derechos humanos, líderes de la oposición y jueces, se cerraron medios de comunicación y se censuró a los periodistas nacionales e internacionales.
También hubo informes de actos de violencia sexual perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra mujeres y niñas.
Los jueces hondureños que eran considerados críticos respecto al golpe de Estado, sufrieron una serie de traslados arbitrarios y procedimientos disciplinarios injustos. La gran mayoría de los jueces afectados eran miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia, una organización que promueve principios de equidad y transparencia.
Hasta el momento, nadie ha rendido aún cuentas por estos abusos, y se han abierto muy pocas investigaciones. Las víctimas siguen esperando justicia y reparación por los abusos sufridos, afirma Amnistía Internacional en un comunicado.
"Lamentablemente, el hecho es que no se ha proporcionado reparación a las numerosas víctimas que sufrieron graves abusos de manos de la policía y el ejército durante el tiempo que el gobierno de facto estuvo en el poder”, ha dicho Guadalupe Marengo.
“Estas graves violaciones de derechos humanos no deben ser olvidadas ni quedar impunes. Las víctimas tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación.”
Para Amnistía Internacional también es motivo de grave preocupación el aumento del número de agresiones a periodistas desde la llegada al poder del nuevo gobierno. Desde marzo de 2010 han muerto siete periodistas, y muchos otros han sufrido amenazas y hostigamiento.
Mientras, cuatro jueces fueron retirados de sus car
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gos el pasado 1 de junio de 2010, al parecer por criticar el golpe de Estado, una decisión que socava gravemente el sistema de justicia. Una Comisión de la Verdad parcial y sin alternativas de solución
El gobierno hondureño creó en abril una Comisión de la Verdad y Reconciliación, pero a Amnistía Internacional le preocupa mucho que su mandato se limite sólo a determinar los factores que contribuyeron a la crisis.
Este tipo de comisiones deben formar parte de planes nacionales integrales elaborados para proteger los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Además, el gobierno debe garantizar la investigación, la justicia y la reparación para las víctimas.
“Tras el golpe de Estado, Honduras necesitaba un programa de reconstrucción de los derechos humanos que tuviera objetivos y plazos claros, pero la Comisión carece de un mandato adecuado para ello y tampoco tiene capacidad para investigar los abusos”, ha dicho Guadalupe Marengo.
"Las investigaciones que hemos realizado demuestran que, cuando no se toman las medidas suficientes para garantizar la justicia y la verdad, las heridas no cicatrizan y el ciclo de violencia y disturbios continúa.”
Solicitudes de reparación, constantes y documentadas, pero aún sin respuesta
El presidente de Honduras Manuel Zelaya Rosales fue derrocado el 28 de junio de 2009 y expulsado del país por un grupo de políticos, encabezados por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso, y apoyados por el ejército hondureño.
El gobierno de facto encabezado por Micheletti permaneció en el poder hasta el final de 2009.
Según decenas de testimonios recogidos por los investigadores de Amnistía Internacional en Honduras durante dos visitas al país, tras el golpe se dispararon los abusos contra los derechos humanos.
El 27 de enero de 2010 tomó posesión un nuevo gobierno bajo la presidencia de Porfirio Lobo. Ese mismo día, Amnistía Internacional presentó un informe titulado: “Honduras: Recomendaciones al nuevo gobierno de honduras tras el golpe de Estado de junio de 2009”, en el que se documentan las violaciones perpetradas durante el golpe de Estado.
Desde que el nuevo gobierno llegó al poder, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han insistido al presidente Porfirio Lobo para que aborde las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la crisis golpista, sin que hasta el momento haya habido respuesta positiva.
