La nueva ley de inmigración de Arizona viola un tratado internacional contra el racismo que es vinculante para todos los funcionarios del Gobierno en los Estados Unidos, afirmó la organización Human Rights Watch.
Según un informe del organismo, disposiciones clave en la ley “Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros", promulgada por Arizona el 23 de abril 2010, contradicen la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos en 1994.
"Ser un latino se ha convertido en algo peligroso en Arizona", dijo Alison Parker, directora del programa estadounidense de Human Rights Watch. "La Gobernadora de Arizona y los agentes del orden público deberían saber que con esta ley están violando un tratado internacional".
Bajo la nueva ley, los policías tendrán la facultad de detener e interrogar a cualquier persona de la que existan “sospechas razonables” de que podría estar en Estados Unidos de manera ilegal.
La ley incluye disposiciones que permiten a los residentes de Arizona demandar a una ciudad o a un pueblo cuando consideren que la policía local no está haciendo cumplir la ley con vigor suficiente.
Como resultado, para no arriesgarse a una demanda, los agentes de policía estarán bajo presión para realizar un arresto, incluso en caso de duda, lo que podría resultar en arrestos ilícitos y aplicación injusta de la ley, dijo Human Rights Watch.
‘Evitar el perfil racial’, una orden ambigua
Mientras que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha solicitado entrenamiento de policías para evitar el "perfil racial" – actuar en base a las características raciales o étnicas – los agentes de la policía tendrán poco en qué basarse, además de la apariencia de un individuo, cuando elijan a quien detener.
Las personas de origen latino, ya sean ciudadanos de los EE.UU., residentes legales o indocumentados, estarán en mayor riesgo.
La Convención contra la Discriminación Racial requiere que todo gobierno federal, estatal y municipal asegure que sus políticas de inmigración no tengan como efecto el discriminar a personas por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. Esto incluye garantizar que quienes no sean ciudadanos disfruten de la misma protección y reconocimiento ante la ley.
El gobierno federal estadounidense tiene prohibido involucrarse en actos o prácticas de discriminación racial contra personas o grupos de personas y debe “velar por que todas las autoridades e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación”, dice un texto público de Human Rights Watch.
La política interna y las obligaciones internacionales
En enero, el asesor legal del departamento de Estado Harold Koh, escribió a todos los gobernadores de la Unión Americana, incluyendo a Brewer de Arizona, para recordarles sus obligaciones en virtud del tratado contra el racismo.
Human Rights Watch había igualmente escrito al Procurador General de Arizona en 2007 sobre las obligaciones del estado derivadas del tratado, por lo que el organismo pide a la legislatura de Arizona revocar la ley "Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros".
Mientras tanto, el Gobierno federal debe tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que las disposiciones de la ley que contravengan las obligaciones de Estados Unidos en virtud del tratado no se apliquen, dijo Human Rights Watch.
Cualquier legislación federal futura en materia de inmigración debe incluir rigurosas salvaguardas en materia de derechos humanos, incluyendo el trato justo para quienes no sean ciudadanos y se enfrenten a la deportación, así como la prohibición de la detención arbitraria.
"Existe un gran número de objeciones válidas a la nueva ley de inmigración de Arizona", dijo Parker. "Una que no ha recibido mucha atención es que viola un tratado internacional contra el racismo que los funcionarios del estado de Arizona están obligados a respetar".
