A poco más de dos semanas desde que se produjera el terremoto que devastó Haití, su población se enfrenta hoy a una crisis de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha identificado algunos de los retos más importantes en esta materia, y ha diseñado un plan en el que la protección de los derechos humanos es la columna vertebral de la ayuda humanitaria y de los trabajos de reconstrucción.
Explotación de la infancia
Con la disgregación de las familias y la destrucción de las escuelas, miles de niños y niñas en Haití han quedado sin protección. Los más vulnerables podrían convertirse en víctimas de los traficantes.
Existe también el riesgo de que niños y niñas pudieran verse envueltos en procesos de adopción irregulares –un riesgo agudizado por el interés de familias de otros países que desearían adoptar a un niño o niña haitiano que se haya quedado huérfano a causa del terremoto–.
Las instituciones haitianas carecen asimismo de la capacidad para determinar la condición de los menores de edad y garantizar la protección de sus derechos. Niños y niñas no acompañados y separados podrían ser considerados huérfanos erróneamente.
La adopción internacional debe ser la última opción, a la que se recurrirá únicamente cuando se hayan agotado todas las demás posibilidades a nivel nacional.
Las autoridades haitianas deben asegurarse de que no se saquen niños y niñas del país sin que se hayan ultimado los procedimientos legales formales para la adopción internacional.
La localización de las familias debe ser una prioridad para la comunidad internacional, las autoridades haitianas y las agencias de ayuda internacionales.
Seguridad y cumplimiento de la ley
La capacidad del gobierno haitiano para garantizar el Estado de derecho se ha visto gravemente afectada por el terremoto.
El establecimiento de un sistema de justicia operativo para juzgar los delitos más graves debe constituir una prioridad.
Preocupa cada vez más que los presos condenados por delitos violentos que escaparon de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe estén intentando recuperar el control de las comunidades más desfavorecidas y vulnerables.
En respuesta a esta amenaza, los miembros de la comunidad se han organizado para impedir que las bandas se hagan con el control de sus comunidades, lo que podría dar lugar, sin embargo, a una espiral de violencia.
Amnistía Internacional ha recibido informes de linchamientos e incidentes en los que presuntos saqueadores murieron a manos de la turba.
Se dispone asimismo de informes según los cuales la policía disparó contra presuntos saqueadores.
Las autoridades haitianas deben garantizar que la policía hará uso de armas de fuego sólo en defensa propia y como último recurso, y ya que la principal prisión del país ha quedado destruida y otros centros de detención están masificados, es de alta prioridad que el gobierno y la comunidad internacional ahí presente, establezcan un centro de detención provisional.
Derechos de las personas desplazadas
Cientos de miles de personas han perdido sus hogares a causa del terremoto y muchas han huido de las zonas devastadas.
Las personas desplazadas deben recibir todo el apoyo para tomar decisiones voluntarias e informadas sobre su futuro.
Todo traslado de personas desde campos o desde zonas afectadas por la catástrofe debe ser voluntario, salvo que la salud y la seguridad de las personas haga necesaria la evacuación.
No se las debe coaccionar en modo alguno, como por ejemplo mediante la suspensión de la ayuda. Todas las personas desplazadas tienen derecho a regresas a sus antiguos hogares, salvo impedimento por motivos de seguridad.
Violencia contra las mujeres
Tras una catástrofe, mujeres y niñas suelen estar especialmente expuestas a la violencia sexual, a la explotación a manos de traficantes y a ver reducido su acceso a los servicios de salud materna, reproductiva y sexual.
Su situación de desventaja a la hora de acceder a la ayuda está ampliamente documentada. Todas las personas que participan en las labores de ayuda humanitaria y reconstrucción deben asegurarse de integrar en su labor la prevención de la violencia de género en todas sus formas, en especial, la violencia sexual.
Rendición de cuentas de las fuerzas internacionalesMás de 10,000 soldados estadounidenses, 150 miembros del personal militar de República Dominicana y 800 soldados canadienses han sido desplegados en Haití con objeto de garantizar la seguridad durante el reparto de la ayuda humanitaria.
Las condiciones del despliegue y las reglas de intervención deben establecerse claramente desde el principio y todas las fuerzas internacionales deben respetarlas.
El personal de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) debe regirse asimismo por estrictas normas de rendición de cuentas.
En el pasado, dejar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos exclusivamente al arbitrio de los países que aportan tropas a las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz, ha conducido a la impunidad de graves abusos contra los derechos humanos.
La deuda externa de Haití
En 2009, las instituciones financieras internacionales y otros acreedores cancelaron 1,200 millones de dólares estadounidenses de la deuda externa de Haití. A pesar de ello, Haití sigue debiendo cientos de millones de dólares a sus acreedores.
En este momento, la devolución de esta deuda constituye una carga inaceptable para la población y la economía nacional de Haití.
Amnistía internacional ha pedido a todos los acreedores que cancelen la deuda de Haití, puesto que Insistir en su devolución comprometería la capacidad de la isla para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Todos los recursos económicos que se pongan a disposición de Haití en los próximos años deben canalizarse hacia programas de reconstrucción que garanticen el bienestar de la población haitiana y su acceso a los servicios básicos, así como un desarrollo equitativo y sostenible.
