El pasado 25 de octubre se instaló en Ciudad de México el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, con miembros de la sociedad civil de diversos países, entre los que destacan: Estados Unidos, Canadá, España, Bélgica, Cuba, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela y el propio México
"Ante una cantidad enorme de denuncias de trabajadores de violaciones a sus derechos fundamentales y de la libertad sindical, decidimos crear el Tribunal con integrantes de la sociedad civil ante la situación de emergencia que está teniendo lugar en México, con gobernantes que entregan las riquezas del país a intereses internacionales globalizados, como por ejemplo la Monsanto, que destruye la agricultura mexicana con los transgénicos", afirmó Luiz Salvador, abogado laboralista y de previsión social, actual presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y miembro del cuerpo de jurados internacional del Tribunal.

Este trabajo será realizado por un cuerpo de jurados con reconocida actuación jurídica y social en sus países. Son: James D. Cockroft (Estados Unidos-Canadá), Martha Olmo (España), Luis Guilhermo Péres (Bélgica-Colombia), Lydia Guevara (Cuba), Kjeld Jakobsen (Brasil), Luis Ramírez (Argentina), Luiz Salvador (Brasil), Hugo Barreto Ghione (Uruguay), Rubén Darío González (Venezuela), Rosario Ibarra (México), Miguel Ángel Granados Chapa (México), Miguel Concha Malo (México), Ana Colchero (México), Alfredo Sánchez Alvarado (México), Oscar Alzaga (México), Enrique Larios (México) y Eduardo Miranda (México).
El instrumento estará a disposición de los trabajadores para recibir sus denuncias, instruir los procesos instaurados y proferir votación.
"El Tribunal es abierto, democrático, transparente, recibe las denuncias de los trabajadores, escucha declaraciones, recoge las pruebas de las denuncias y reúne al cuerpo de jurados para apreciar las pruebas recolectadas, emitiendo decisión colegiada", explicó Luiz Salvador.
Durante sus primeros días de actuación oficial, el Tribunal comenzó con una Audiencia Pública para escuchar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical de dieciséis entidades sindicales.
El cuerpo de jurados recogió declaraciones de representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, Unión de Técnicos y Profesionales Petroleros, Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral, entre muchos otros.
En abril de 2010, el Tribunal Sindical realizará su próxima reunión para emitir las resoluciones finales. Hasta esa fecha, las entidades sindicales y los trabajadores continuarán manifestando sus quejas y entregando las pruebas contra las organizaciones mexicanas.
El Tribunal también se encuentra a disposición de las empresas denunciadas y de las autoridades laboralistas en el caso que éstas deseen instrumentar su defensa.
La actuación de este mecanismo no entorpecerá ni substituirá el trabajo de los tribunales creados por el Estado. Según Salvador, las deliberaciones del Tribunal Sindical podrán apoyar decisiones de otros.
"El Tribunal Internacional de Libertad Sindical es una herramienta de la sociedad civil organizada para intermediar la solución pacífica de los conflictos sindicales que están ocurriendo en México, respetándose la existencia de los demás Tribunales creados por el Estado", dice.
La creación del Tribunal Internacional es una iniciativa de carácter popular, por lo que no tiene relación con el Poder Público en México. Sin embargo, de acuerdo con Salvador, miembros del Poder Público "fueron invitados a hacerse presentes en todos los actos practicados por el Tribunal, incluyendo la ceremonia de su constitución y sus sesiones públicas: “les fueron enviados extractos de todas las denuncias y requerimientos para conocimiento, defensa".
Incluso con poco tiempo de actuación los miembros del cuerpo de jurados pudieron investigar una gran cantidad de violaciones en México, entre las más graves se encontraron: violaciones a prácticamente todas las normas y principios establecidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, vulneración de los derechos humanos y garantías constitucionales, institucionalización de la violencia contra todo movimiento organizado de trabajadores, abusos de los medios de comunicación, además de restricciones y coerción de la libertad de expresión.