Los pasados 13 y 14 de octubre, Cochabamba, Bolivia, fue la sede de la Primera Audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática.
En la ocasión, se examinó siete casos denunciados por organizaciones sociales y redes internacionales, todos sobre el impacto del cambio climático y la violación de derechos en comunidades, poblaciones y la naturaleza.
En el dictamen final - "Observaciones y Recomendaciones" -, el Tribunal de Justicia Climática destaca la responsabilidad de gobiernos, instituciones financieras internacionales y empresas transnacionales por el cambio climático.

Según el documento, los proyectos de "desarrollo", como los de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), afectan en el cambio del clima.
"Estos proyectos no sólo contribuyen a la profundización del modelo generador del cambio climático, sino que aumentan significativamente la vulnerabilidad de las comunidades afectadas a los impactos del cambio climático, violando a la vez todos los derechos humanos (…), incluyendo el derecho más elemental al uso y control territorial por parte de los pueblos, conducente a su sobrevivencia como tal.", señala.
Además, afirma que cambio climático viola los Derechos Humanos Civiles, Culturales, Económicos, Políticos y Culturales de miles de personas, profundizando las "injusticias existentes, incluyendo en particular, la discriminación contra los pueblos y naciones indígenas y mujeres."
En su oportunidad, el Tribunal también comentó sobre "la poca pertinencia de las llamadas ‘soluciones de mercado’ para resolver los problemas derivados del cambio climático".
Se constató esto, por ejemplo, cuando el Tribunal discutió sobre la demanda presentada por los Cortadores de Caña de Azúcar del Cauca, Colombia.
De acuerdo con el dictamen del jurado, la producción de agrocombustibles y los créditos de carbono para compensar la no-reducción de emisiones - como los realizados por la fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emisions (Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Caborno, Face, por su sigla en inglés) -, no son soluciones adecuadas para reducir la crisis climática.
"Estas falsas soluciones no sólo conllevan graves impactos sociales y ecológicos, incluyendo el uso indiscriminado de agua, la afectación de ecosistemas estratégicos, el desplazamiento de comunidades, hambruna, enfermedades asociadas a las quemas y uso de agroquímicos y la criminalización de aquellas personas y organizaciones que buscan defender sus derechos y los de la naturaleza, sino que además incrementan la crisis climática al no ofrecer soluciones reales a la crisis energética aumentando las emisiones de efecto invernadero.", considera.
El Tribunal presentó algunas recomendaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como a los gobiernos y las organizaciones relacionadas con las denuncias.
Entre las recomendaciones, están: la exigencia a los gobiernos la promoción y adopción de medidas cautelares para la no-repetición de los crímenes denunciados; la reparación de la deuda climática y ecológica de los países desarrollados.
Finalmente, el Tribunal de Justicia Climática consideró urgente la redacción de una "Declaración de los Derechos de la Madre Tierra" para unificar criterios sobre el tema de la protección ambiental y de las poblaciones afectadas por el daño ecológico.