En el mundo, más de 200,000 comunidades (unas 1,000 millones de personas) pueden definirse como asentamientos precarios. Según algunas previsiones, aproximadamente 2,000 millones de personas vivirán en asentamientos precarios en 2030.
Se calcula que entre el 30 y el 50% de los residentes en áreas urbanas de los países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen su seguridad de tenencia, según un informe realizado por ONU-Hábitat que cubre el periodo 2006/7.
Entre los Objetivos del Milenio (ODM) se encuentra el de mejorar las vidas de 100 millones de personas que viven en asentamientos precarios antes de 2020.
Sin embargo, este objetivo ignora las necesidades de los otros 1,300 millones que, según estimaciones conservadoras, habitarán en asentamientos precarios para entonces.
Incluso si la población actual de los asentamientos precarios no crece al ritmo previsto, la comunidad internacional se ha comprometido a mejorar las vidas de sólo una de cada 10 personas cuya vivienda es insegura e inadecuada.
Los 900 millones restantes seguirán sufriendo las violaciones de derechos humanos que acompañan a la vida en los asentamientos precarios.
En Italia, las personas de etnia romaní no tienen acceso al sistema público de salud y a otros servicios sociales porque el Estado no ha autorizado sus viviendas.
En Eslovaquia, los asentamientos de romaníes carecen de servicios públicos como escuelas, centros de salud, hospitales. En Nairobi, Kenia, el Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE) destacó que aunque el 55% de la población de la ciudad vivía en asentamientos informales, estos residentes quedaban excluidos de los procesos de planificación y presupuestación a nivel municipal.
En 2006, los datos oficiales relativos a la ciudad de São Paulo mostraban una acusada diferencia entre el índice de homicidios en el distrito pobre de Brasilândia (46.24 por cada 100,000) y el del barrio más acomodado de Vila Mariana (14.95 por cada 100,000).
