La noche del 7 al 8 de agosto de 2008, el Gobierno georgiano bombardeó Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, con el objetivo de recuperar el control militar de la región que había perdido en un conflicto anterior en 1992. Como respuesta, Rusia desplegó sus tropas.
Lo que pasó los días siguientes lo vimos todos y todas en los medios: 192,000 personas huyendo de sus casas y de una violencia que tenía como víctima principal a la población civil.
Un año después la situación no se ha normalizado, ni a nivel político ni para la población. Durante los últimos días, ambos gobiernos se han acusado mutuamente de bombardear sus posiciones y la tensión verbal ha aumentado. El conflicto incluso ha llegado a las redes sociales con un ciberataque dejó caído Twitter y que buscaba silenciar a un bloguero georgiano crítico con las políticas del Kremlin.
“De las 38,500 personas que abandonaron Osetia del Sur en dirección a la Federación Rusa, parece ser que todas han regresado salvo unas 4,000, según cálculos.
Sin embargo, de las 138,000 personas georgianas que se calcula han sufrido desplazamiento por el conflicto, 30.000 no han podido regresar a sus hogares”, advierte Amnistía Internacional.
Esta ONG ha publicado un informe sobre las secuelas del conflicto un año después. Según la entidad, destacan tres cuestiones: los problemas que muchas personas desplazadas y realojadas tienen para acceder a hospitales, escuelas y trabajo; la inseguridad que impide a muchas personas retornar y acceder a sus campos (por la existencia de explosivos); y el hecho de que nadie, ni por parte de las autoridades rusas ni georgianas, ha sido procesado por “las graves violaciones del derecho internacional” que se cometieron.
El paro y la crisis en el conflicto
La versión de Amnistía Internacional la ratifican otras organizaciones como Acción contra el Hambre. Esta organización, junto a Unicef y al Comité Internacional de Rescate, ha analizado la situación en 36 nuevos asentamientos y 25 centros temporales. Su conclusión: la población civil afronta muchos problemas diarios para acceder a suficiente agua potable y saneamiento, que aumentan aún unidos a otras dificultades como el paro y la actual crisis económica.
Nos enfrentamos a problemas como el paro, el aislamiento de algunas poblaciones y el pago de servicios (agua, electricidad, gas), clave para las familias desplazadas, ya que la mayoría están en paro y sin recursos para generar ingresos”, dice Acción contra el Hambre. Según la entidad, la combinación de estos factores hace que la integración de los desplazados internos en las comunidades locales sea “muy complicada” y provoque “desconfianza entre la población de acogida y la población local”.
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