Después del que el Congreso hondureño mostrara una supuesta carta de renuncia del presidente Manuel Zelaya y nombrara ayer como presidente interino a Roberto Micheletti, el ya ex presidente ha asegurado desde Costa Rica que fue realmente secuestrado y expulsado del país en un golpe de Estado que ha sumido a Honduras en una grave crisis institucional."Ametrallaron mi casa en horas de la madrugada, mi guardia hizo resistencia por 20 minutos, cuando salí me encañonaron, no me dejaron hacer una llamada... Me dijeron que tenían que cumplir órdenes", denunció desde el aeropuerto de San José. "Me subieron a un vehículo y me llevaron a la fuerza aérea y me trajeron a Costa Rica. No he pedido asilo, esto es un secuestro. Pido a los presidentes de Latinoamérica y al presidente de Estados Unidos que se pronuncien", dijo Zelaya.
Sin embargo, en un discurso diametralmente opuesto, el nuevo presidente interino, Roberto Micheletti, asevera que llegó al poder por cauces democráticos. "No llego a esta posición bajo ignominia de un golpe de Estado, llego a la Presidencia de la República como producto de un proceso de transición absolutamente legal", dijo en su toma de posesión anoche. "Lo que hemos hecho aquí es un acto democrático, porque nuestro Ejército sólo ha cumplido con la función que le ordenó la Corte Suprema de Justicia a través de sus juzgados, la Fiscalía y el mayor sentimiento del pueblo hondureño", añadió el ex presidente del Congreso Nacional.
Reacciones internacionales
Pero a todas luces, lo acaecido este domingo en Honduras ha sido reconocido por parte de la comunidad internacional como un golpe de estado y un retroceso a la democracia. Los gobiernos de América Latina han condenado el golpe militar, y organizaciones internacionales y de derechos humanos ha pedido la vuelta a la calma.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, convocó una reunión urgente del Consejo Permanente del foro hemisférico en Washington. Insulza exhortó al pueblo de Honduras, a los países de América y a la comunidad internacional a sumar fuerzas contra esta grave alteración al proceso democrático.
Precisamente a la OEA se dirigió ayer Human Rights Watch (HRW), que le solicitó la aplicación de la Carta Democrática para restituir la normalidad política.
"La OEA tiene una responsabilidad fundamental en estos momentos. Debe rápidamente encontrar una solución multilateral a este quebrantamiento de la democracia en Honduras", dijo José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. "Permitir que este golpe de estado se consolide sería un gran retroceso con respecto al avance hacia la democracia en la región de las últimas décadas", añadió.
Desde Estados Unidos, Barak Obama se mostró "profundamente preocupado por las noticias de detención y expulsión del presidente Zelaya" y realizó un llamamiento "a todos los actores políticos y sociales de Honduras a respetar las normas democráticas, el imperio de la ley y los principios de la carta democrática interamericana", agregó.
Según el presidente de Bolivia, Evo Morales, "en este nuevo milenio estamos buscando la forma de profundizar las democracias, pasando de la democracia representativa a la democracia participativa". "No es posible que eso sea rechazado por grupos y militarmente. Ya no estamos en tiempos de dictadura", agregó Morales. El derrocamiento de Zelaya es una "aventura de un grupo de militares que atenta contra la democracia y contra el pueblo", añadió.
''No reconoceremos a ningún gobierno en Honduras que no sea el gobierno legítimo, democrático de Manuel Zelaya'', dijo desde Venezuela Hugo Chávez, en una alocución televisiva. ''Haremos todo lo que tengamos que hacer para que Manuel Zelaya sea restituido en su cargo'', agregó.
Preocupación en la ONU
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon ha expresado su apoyo total a las instituciones democráticas y ha condenado también el arresto del presidente Zelaya.
En un comunicado oficial, Ban ha pedido el respeto de los derechos humanos, incluyendo salvaguardas para la seguridad de Zelaya, los miembros de su familia y su gobierno y ha realizado un llamamiento a todos los hondureños a "solucionar sus diferencias pacíficamente en un espíritu de reconciliación".
El secretario general se muestra confiado en la solución pacífica de la crisis por medios democráticos y ha expresado que la ONU está lista para prestar su asistencia en la resolución del conflicto.
Caos social y toque de queda
Mientras tanto, y a pesar del llamamiento de Zelaya a las fuerzas religiosas, económicas y sociales a la protesta pacífica, la capital hondureña sigue sumida en el caos y las calles presentan la habitual estampa de los golpes militares: despliegue de tanques, aviones y helicópteros sobrevolando el cielo, medios de comunicación internvenidos, etc.
En este sentido, una de las primeras medidas el nuevo presidente ha sido decretar un toque de queda de dos días con el fin de garantizar la restitución del orden público. Según informa el diario hondureño laprensahn.com, el toque de queda comenzará a las nueve de la noche hora local y terminará a las seis de la mañana.
Contexto
La tensión entre Zelaya, los militares y la Corte Suprema de Justicia había ido en aumento a lo largo de toda la semana pasada. Zelaya había convocado a una consulta popular a nivel nacional sobre una variedad de temas, incluyendo la posibilidad de establecer una asamblea constituyente para modificar la Constitución con el fin de permitirle al actual Presidente postularse a la presidencia por un nuevo período.
Los militares se opusieron a la consulta, la cual había sido declarada ilegal por la Corte Suprema del país, cuyo dictamen decretaba que ésta violaba el precepto de que en año electoral no se pueden realizar plebiscitos ni referendos. Zelaya respondió calificando a esos organismos de "serviles de la oligarquía y de los grupos de poder".
La situación se deterioró rápidamente en los últimos tres días, Cuando Zelaya destituyó al alto mando militar, que daba señales de desobediencia, y la Corte Suprema de Justicia y el parlamento lo restituyeron.
El Tribunal Supremo Electoral garantizó este domingo en cadena nacional de radio y televisión que las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre para elegir nuevas autoridades presidenciales, legislativas y de gobiernos locales, "tal como estaba previsto en el calendario electoral que dimos a conocer en mayo de este año".
