ONGs que trabajan en defensa de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas han manifestado públicamente estos días su preocupación ante la situación crítica que se vive en la Amazonía peruana donde, al menos 30 manifestantes indígenas y 22 policías habrían muerto en los enfrentamientos del pasado viernes, cuando indígenas amazónicos bloqueron carreteras y ríos en señal de protesta. Estos sucesos han sido calificados por Survival como "el propio Tiananmen" de Perú, y su peor episodio de violencia política desde la insurgencia de Sendero Luminos en 1980.
Tras los sucesos del pasado viernes, Survival hacía ayer un llamamiento a las petroleras que operan en el país a que suspendan sus operaciones. Entre las petroleras que operan en la Amazonia peruana se encuentran la anglo-francesa Perenco (una de las principales suministradoras de gas en Reino Unido), la argentina PlusPetrol, la canadiense Petrolifera, la española Repsol, la brasileña Petrobras, y otras muchas.
Los indígenas llevan dos meses protestando contra una serie de leyes que abrirían sus selvas comunales a las empresas de gas y petróleo. En los últimos años, más del 70% de la Amazonia peruana ha sido dividida en parcelas concedidas a empresas para la exploración de gas y petróleo, y una serie de descubrimientos de gran escala amenazan con transformar gran parte de la selva virgen de los indígenas. Proyectos similares en el vecino Ecuador han tenido un efecto devastador sobre la selva, y han ocasionado una contaminación crónica y mala salud entre los indígenas que viven allí.
La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido desdeñosa: el presidente Alan García ha rechazado los intentos por parte del Congreso de debatir las leyes que están en medio de la polémica, calificando las protestas como “una conspiración” y a los manifestantes como “ignorantes”. Según declaraciones del líder indígena Alberto Pizango, antes de su huida: “Sentimos que el Gobierno siempre nos ha tratado como a ciudadanos de segunda clase”.
Según el director de Survival, Stephen Corry, “se está llevando a los indígenas peruanos a adoptar medidas desesperadas para intentar salvar sus tierras, que durante cinco siglos les han sido robadas. Sus protestas simbolizan el fin de la era colonial. Los indígenas amazónicos no están dispuestos a tolerar por más tiempo el trato ilegal y violento que venía siendo rutinario. Esto ha terminado. Éste es el Tiananmen de la Amazonia. Si termina del mismo modo, Perú también pondrá fin a su reputación international". En este sentido, añadió, "las empresas petroleras que trabajan en Perú deberían suspender sus operaciones hasta que la calma se restablezca y los derechos territoriales de los indígenas sobre sus tierras ancestrales sean adecuadamente respetados: sólo entonces podrán negociar en términos de igualdad.”
Respeto a los derechos humanos
En términos similares se ha expresado Nuria García, investigadora de Perú de Amnistía Internacional. “El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó.
“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue siendo crítica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia”, añadió.
Según la investigadora, “es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad de los hechos de los crímenes cometidos, y llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quien sean.”
Tras los sucesos del pasado viernes, Survival hacía ayer un llamamiento a las petroleras que operan en el país a que suspendan sus operaciones. Entre las petroleras que operan en la Amazonia peruana se encuentran la anglo-francesa Perenco (una de las principales suministradoras de gas en Reino Unido), la argentina PlusPetrol, la canadiense Petrolifera, la española Repsol, la brasileña Petrobras, y otras muchas.
Los indígenas llevan dos meses protestando contra una serie de leyes que abrirían sus selvas comunales a las empresas de gas y petróleo. En los últimos años, más del 70% de la Amazonia peruana ha sido dividida en parcelas concedidas a empresas para la exploración de gas y petróleo, y una serie de descubrimientos de gran escala amenazan con transformar gran parte de la selva virgen de los indígenas. Proyectos similares en el vecino Ecuador han tenido un efecto devastador sobre la selva, y han ocasionado una contaminación crónica y mala salud entre los indígenas que viven allí.
La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido desdeñosa: el presidente Alan García ha rechazado los intentos por parte del Congreso de debatir las leyes que están en medio de la polémica, calificando las protestas como “una conspiración” y a los manifestantes como “ignorantes”. Según declaraciones del líder indígena Alberto Pizango, antes de su huida: “Sentimos que el Gobierno siempre nos ha tratado como a ciudadanos de segunda clase”.
Según el director de Survival, Stephen Corry, “se está llevando a los indígenas peruanos a adoptar medidas desesperadas para intentar salvar sus tierras, que durante cinco siglos les han sido robadas. Sus protestas simbolizan el fin de la era colonial. Los indígenas amazónicos no están dispuestos a tolerar por más tiempo el trato ilegal y violento que venía siendo rutinario. Esto ha terminado. Éste es el Tiananmen de la Amazonia. Si termina del mismo modo, Perú también pondrá fin a su reputación international". En este sentido, añadió, "las empresas petroleras que trabajan en Perú deberían suspender sus operaciones hasta que la calma se restablezca y los derechos territoriales de los indígenas sobre sus tierras ancestrales sean adecuadamente respetados: sólo entonces podrán negociar en términos de igualdad.”
Respeto a los derechos humanos
En términos similares se ha expresado Nuria García, investigadora de Perú de Amnistía Internacional. “El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó.
“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue siendo crítica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia”, añadió.
Según la investigadora, “es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad de los hechos de los crímenes cometidos, y llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quien sean.”