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China y las heridas abiertas de Tiananmen

Viernes 22 Mayo 2009

Dos décadas después de la masacre continúa la censura y la persecución de los supervivientes y los críticos

Veinte años después de que el ejército chino asesinara a una cantidad no declarada de civiles desarmados en Beijing y otras ciudades del país entre el 3 y 4 de junio de 1989, el Gobierno chino continúa persiguiendo a los supervivientes, los familiares de las víctimas y a los que cuestionan la versión oficial de los hechos, ha señalado Human Rights Watch.

La organización de defensa de los derechos humanos ha realizado estas declaraciones con motivo de la presentación del informe "The Tiananmen Legacy" (El legado de Tiananmen), un estudio del prolongado impacto de Tiananmen y una presentación multimedia sobre el vigésimo aniversario de la represión.

El Partido Comunista Chino justificó inicialmente su actuación durante la represión sangrienta como una respuesta necesaria a un "incidente contrarrevolucionario", para después revisar su definición de los hechos como "disturbios políticos".

"Los esfuerzos continuos del gobierno por censurar la historia, aplastar la disidencia y hostigar a los supervivientes contrasta claramente con los impresionantes avances económicos y sociales de las últimas décadas en China", señaló Sophie Richardson, directora de Incidencia Política para Asia de Human Rights Watch. "El Gobierno chino debe reconocer que 20 años de negación y represión sólo han logrado infectar más las heridas de Tiananmen, en lugar de cerrarlas", agregó.

El Gobierno chino siempre se ha negado a facilitar una lista de los asesinados, "desaparecidos" o encarcelados, y no ha publicado cifras de bajas comprobables.

Las Madres de Tiananmen, un grupo de madres y padres de estudiantes y víctimas civiles, ha establecido una lista de más de 150 personas asesinadas cuando el ejército abrió fuego contra la población civil. El gobierno también ha reprimido constantemente todo debate público sobre los acontecimientos de junio de 1989, y ha perseguido a los que participaron en las manifestaciones o cuestionan públicamente la versión gubernamental de los hechos.

Hoy en día, la detención de Liu Xiaobo constituye uno de las muestras más patentes de la hostilidad continua del gobierno contra los que participaron en las protestas de 1989 y cualquier tipo de oposición organizada. Liu, uno de los intelectuales críticos más conocidos de China, pasó dos años en prisión por su apoyo a los estudiantes de Tiananmen. Liu también impidió más derramamientos de sangre al lograr negociar exitosamente con el ejército la evacuación de los últimos estudiantes que quedaban en la Plaza de Tiananmen, en la madrugada del 4 de junio. Liu, quien ha sido entrevistado regularmente por medios y académicos internacionales sobre lo ocurrido el 4 de junio, estuvo otros tres años, de 1996 a 1999, en campos de reeducación mediante el trabajo, como consecuencia de una serie de cuestionamientos públicos del sistema monopartidista, y después fue sometido a una forma laxa de arresto domiciliario. El 8 de diciembre de 2008, Liu fue detenido una vez más acusado de organizar una osada petición popular de democracia y Estado de derecho, denominada Carta 08.

El texto de la Carta 08 incluía referencias directas a los acontecimientos del 4 de junio, como ejemplo de una "larga sucesión de desastres de derechos humanos" provocados por el monopolio del poder en manos del Partido Comunista Chino. A pesar de las protestas internacionales, Liu continúa detenido sin cargos.

"Liu Xiaobo personifica la manera en que el Gobierno chino ha respondido a Tiananmen en particular y las críticas pacíficas en general: con represión", señaló Richardson. "Al mismo tiempo, Liu es un ejemplo de la incansable tenacidad y la valentía de algunos ciudadanos chinos que luchan por la verdad, la justicia y la democracia frente a la adversidad", agregó.

A partir de abril de 1989, trabajadores, estudiantes y otras personas empezaron a congregarse en la Plaza de Tiananmen de Beijing y otras ciudades. La mayoría estaban manifestándose pacíficamente por un sistema político plural. Cuando las protestas seguían sin disolverse a finales de mayo, el gobierno impuso la ley marcial y autorizó al ejército a emplear la fuerza letal para sacar a los manifestantes de las calles. En el cumplimiento de esta orden, el ejército mató con sus disparos a un número no declarado de civiles no armados, muchos de los cuales no tenían relación con las protestas. En Beijing, algunos ciudadanos atacaron los convoyes del ejército e incendiaron los vehículos cuando los soldados se dirigían a la ciudad. Tras los asesinatos de civiles, el Gobierno chino emprendió una campaña nacional de represión y detuvo a miles de personas acusadas de "contrarrevolucionarias", y de delitos penales como los ataques incendiarios y la alteración del orden público.

El Gobierno chino recibió la condena mundial por su represión de los manifestantes y varios países impusieron sanciones, entre ellas el embargo vigente de armas de la Unión Europea. El Gobierno chino ha rechazado todas las iniciativas para intentar que se reexaminen los acontecimientos de junio de 1989.

En 1990, el entonces presidente Jiang Zemin ignoró la condena internacional de la Masacre de Tiananmen calificándola de "mucho ruido y pocas nueces". En enero de 2001, Zhu Bangzao, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, defendió el uso de la fuerza mortal contra civiles desarmados en junio de 1989 como "... medidas oportunas y resueltas... sumamente necesarias para la estabilidad y el desarrollo del país".

"El Gobierno chino ha hecho prácticamente imposible que la gente sepa más acerca de este importante acontecimiento en su historia reciente", señaló Richardson. "Y esto debería despertar una gran preocupación a nivel mundial por la capacidad del gobierno para manipular la información y eludir la responsabilidad", agregó.

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