Hoy se cumplen 30 años del cambio de gobierno en Irán que desembocó en la creación de la República Islámica. Con motivo de la efeméride, Amnistía Internacional (AI) ha hecho público un comunicado en el que expone sus motivos de preocupación en relación con un amplio abanico de violaciones de derechos humanos que han persistido en los últimos 30 años, a pesar de las promesas iniciales del ayatolá Jomeini de que todos los iraníes serían libres.
El amplio alcance y la escala de estas violaciones en los primeros años de la República Islámica disminuyeron un tanto con el tiempo, apunta la organización. La relajación limitada de las restricciones a la libertad de expresión durante el periodo de reforma, bajo el mandato del ex presidente Jatamí, suscitaron la esperanza en una mejora sostenida de la situación de los derechos humanos, aunque dicha situación siguió siendo precaria. Sin embargo, según Amnistía Internacional, estas esperanzas han sido firmemente aplastadas desde la llegada al poder del presidente Mahmud Ahmadineyad.
Minorías étnicas y religiosas, oposición política y mujeres entre los más afectados
Entre las violaciones recurrentes de derechos humanos en la república iraní, AI destaca la persistencia de la impunidad, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, así como el uso de la pena de muerte. Entre los sectores de población más afectados figuran las minorías étnicas y religiosas, y aquéllos que discrepan de las políticas oficiales, establecidas o no. Éstos últimos, señala la organización de derechos humanos, sufren severas restricciones de sus derechos a la libertad de creencias, expresión, asociación y reunión. AI recuerda también la situación particular de la mujer en el país, que sigue estando discriminada, tanto en la ley como en la práctica.
Peticiones a las autoridades
Con motivo de este aniversario, Amnistía Internacional (que viene documentando violaciones de derechos humanos en Irán desde 1960) insta a las autoridades iraníes a que:
* Pongan en libertad a todos los presos de conciencia: aquellas personas encarceladas en Irán debido a sus convicciones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, origen étnico, lengua, origen nacional o social, orientación sexual u otra condición, que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso ni el odio.
* Instruyan al gobierno, a las autoridades judiciales y a las responsables de la seguridad para que revisen los casos de todos los presos encarcelados por motivos políticos. Esto incluye poner en libertad a todos los presos políticos que hayan sido juzgados de forma injusta en los años anteriores, que deberán ser juzgados de nuevo en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, y la liberación de aquellos que no hayan sido juzgados aún a menos que vayan a ser juzgados sin dilación e imparcialmente por delitos reconocibles.
* Pongan fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas mediante la investigación exhaustiva de los abusos, como por ejemplo los homicidios masivos de presos políticos de 1988, conocidos comúnmente como las “matanzas penitenciarias”.
* Dejen claro a los funcionarios del Estado que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos y hagan comparecer ante la justicia a cualquier persona responsable de estos abusos.
* Reformen áreas clave de la administración de justicia a fin de garantizar que ninguna persona es detenida arbitrariamente ni sometida a un juicio injusto, así como que las pruebas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos no son admisibles ante los tribunales.
El amplio alcance y la escala de estas violaciones en los primeros años de la República Islámica disminuyeron un tanto con el tiempo, apunta la organización. La relajación limitada de las restricciones a la libertad de expresión durante el periodo de reforma, bajo el mandato del ex presidente Jatamí, suscitaron la esperanza en una mejora sostenida de la situación de los derechos humanos, aunque dicha situación siguió siendo precaria. Sin embargo, según Amnistía Internacional, estas esperanzas han sido firmemente aplastadas desde la llegada al poder del presidente Mahmud Ahmadineyad.
Minorías étnicas y religiosas, oposición política y mujeres entre los más afectados
Entre las violaciones recurrentes de derechos humanos en la república iraní, AI destaca la persistencia de la impunidad, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, así como el uso de la pena de muerte. Entre los sectores de población más afectados figuran las minorías étnicas y religiosas, y aquéllos que discrepan de las políticas oficiales, establecidas o no. Éstos últimos, señala la organización de derechos humanos, sufren severas restricciones de sus derechos a la libertad de creencias, expresión, asociación y reunión. AI recuerda también la situación particular de la mujer en el país, que sigue estando discriminada, tanto en la ley como en la práctica.
Peticiones a las autoridades
Con motivo de este aniversario, Amnistía Internacional (que viene documentando violaciones de derechos humanos en Irán desde 1960) insta a las autoridades iraníes a que:
* Pongan en libertad a todos los presos de conciencia: aquellas personas encarceladas en Irán debido a sus convicciones políticas, creencias religiosas u otras convicciones profundas, origen étnico, lengua, origen nacional o social, orientación sexual u otra condición, que no han recurrido a la violencia ni propugnado su uso ni el odio.
* Instruyan al gobierno, a las autoridades judiciales y a las responsables de la seguridad para que revisen los casos de todos los presos encarcelados por motivos políticos. Esto incluye poner en libertad a todos los presos políticos que hayan sido juzgados de forma injusta en los años anteriores, que deberán ser juzgados de nuevo en actuaciones que cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, y la liberación de aquellos que no hayan sido juzgados aún a menos que vayan a ser juzgados sin dilación e imparcialmente por delitos reconocibles.
* Pongan fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas mediante la investigación exhaustiva de los abusos, como por ejemplo los homicidios masivos de presos políticos de 1988, conocidos comúnmente como las “matanzas penitenciarias”.
* Dejen claro a los funcionarios del Estado que no se tolerarán la tortura ni otros malos tratos y hagan comparecer ante la justicia a cualquier persona responsable de estos abusos.
* Reformen áreas clave de la administración de justicia a fin de garantizar que ninguna persona es detenida arbitrariamente ni sometida a un juicio injusto, así como que las pruebas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos no son admisibles ante los tribunales.
