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El fenómeno de la multi-exclusión: pobreza, género y discapacidad

Jueves 10 Junio 2010

Según el más reciente informe ‘Pobreza y Desarrollo’ del Banco Mundial, entre un 15 y 20% de los pobres en países en desarrollo sufren algún tipo de discapacidad. Con gobiernos poco sensibles al tema, estas personas tienen menos oportunidades de educación y empleo, sus salarios son inferiores a los de la mayoría, pero sus gastos en medicinas, transporte y alimentación son mayores.


“Aproximadamente entre el 15 y 20% de los pobres en los países de desarrollo son personas con discapacidad, presentando este colectivo niveles educativos, de actividad laboral, de vivienda y de atención sanitaria inferiores al de la población general”.

Así lo ha recordado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, aludiendo al informe “Pobreza y Desarrollo”, del Banco Mundial, durante la celebración en Bilbao de la jornada “Discapacidad y Pobreza en España”, organizada por la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya (Fekoor).

“Las personas con discapacidad que encuentran restricciones a la participación o al acceso en condiciones de igualdad de oportunidades, tendrán más posibilidades de encontrarse en una situación de pobreza”, ha añadido.
Pérez Bueno ha señalado también que la discapacidad se relaciona de forma inversamente proporcional con unas condiciones de vida dignas:

“Allí donde existe un cuidado deficiente de la salud, desnutrición o condiciones de vida inadecuadas, es más probable la aparición de situaciones de discapacidad”, ha asegurado.

Para él, “la discapacidad estimula y agrava las situaciones de pobreza. En los países económicamente más desarrollados, el número de personas con discapacidad que viven por debajo del umbral de la pobreza pasa del 30/35% a ser más de 50%”, ha indicado.

Además, estas personas incurren en torno a un 30%-40% mayor de los gastos que las personas sin discapacidad, mientras que sus oportunidades laborales y sus ingresos, cuando trabajan, son mucho más reducidos.

Asimismo, el presidente del Cermi ha explicado que “al situarse sus ingresos por debajo de la media nacional, con pocas oportunidades laborales y a la baja cualificación de este grupo social, la capacidad de ahorro de las personas con discapacidad es prácticamente inexistente”.


El fenómeno de la multi-exclusión y sus implicaciones económicas para los países 

Además, ha señalado que la vulnerabilidad y la exposición a la exclusión se hace extrema cuando en la persona con discapacidad existe “multi-exclusión”, añadiéndose el factor del género, la minoría étnica, el medio rural, la inmigración…

En cuanto al papel de los poderes públicos, el presidente del Cermi ha manifestado que “no han establecido medidas y programas concretos y amplios de lucha contra la pobreza asociada o vinculada con la discapacidad, por lo que no puede determinarse con claridad el efecto de la acción pública en la lucha contra la pobreza”.

“La necesidad de abordar la pobreza de las personas con discapacidad no sólo es un tema de igualdad y justicia sociales, sino que existen razones de índole económica”

En este sentido, para Pérez Bueno, “finalizar con esta pobreza significaría que más personas con discapacidad tendrían un empleo, aumentando la contribución neta a las arcas públicas a través de los impuestos y reduciendo el número de pensiones adjudicadas por situaciones de necesidad extrema”.

“Utilizando una estimación muy amplia, si un millón de personas con discapacidad se integraran en la vida laboral, las arcas públicas ganarían más de 4 mil millones de euros procedentes solamente de la recaudación de impuestos derivada de sus ingresos”, ha asegurado.

Por último, Luis Cayo Pérez Bueno, en representación del sector social de la discapacidad, ha apostado por la inclusión frente a la pobreza.

Para él, esto supone la activación personal, la eliminación de barreras, apoyos para una vida independiente y para la autonomía personal, el papel decisivo del tercer sector social, o políticas de inclusión horizontales en las que la discapacidad sea un eje de acción presente y reconocible, entre otras medidas.





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