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HRW pide mayor presión internacional en Honduras

Miércoles 26 Agosto 2009

Basado en las graves conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo pide sanciones concretas para evitar que continúen los abusos.


Las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constatan la existencia de abusos generalizados en Honduras, deberían impulsar a la comunidad internacional a adoptar medidas enérgicas, como la imposición de sanciones específicas, para superar la crisis que atraviesa actualmente el país, señaló hoy Human Rights Watch.

La Comisión presentó un informe el pasado 21 de agosto de 2009, en el cual se demuestra la existencia de un patrón de graves violaciones por parte del gobierno de facto, que incluye el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y ataques contra los medios de comunicación, así como varias muertes confirmadas y posibles desapariciones.

La Comisión también documentó la ausencia de garantías legales efectivas.

"Ante los continuos abusos documentados por la Comisión y la falta de garantías legales efectivas, es crucial que la comunidad internacional adopte medidas concertadas y efectivas de presión para restablecer al gobierno democráticamente electo en Honduras", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Luego del golpe de Estado del 28 de junio, Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos locales e internacionales instaron a la Organización de los Estados Americanos a que abordara las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Honduras durante el gobierno de facto.

Dada la gravedad de los presuntos abusos y la historia de sangrientos golpes de Estado asociados a masivas violaciones a los derechos humanos en la región, los defensores de derechos humanos consideraron que la situación ameritaba la intervención directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo de investigación sobre derechos humanos de mayor importancia en la región.

La Comisión Interamericana llevó a cabo una exhaustiva misión de investigación que se extendió del 17 al 21 de agosto. Se reunió tanto con representantes del gobierno de facto como de diversos sectores de la sociedad civil, y recibió denuncias, testimonios e información de más de cien personas.

"Si bien la Organización de Estados Americanos (OEA) aún no ha logrado resultados concretos en la resolución de la crisis democrática en Honduras, la Comisión ha demostrado el rol crucial que este mecanismo regional puede desempeñar cuando se menoscaba gravemente el estado de derecho en un país", afirmó Vivanco.

La mediación de la OEA sin éxito

Una delegación de la OEA viajó el 24 de agosto a Honduras para reunirse con varios representantes del sector público y privado con el fin de impulsar la suscripción del Acuerdo de San José, un plan que permitiría restituir a Zelaya al poder hasta que se celebren elecciones a fines de noviembre.

La delegación incluye a Ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá y la República Dominicana, así como al Secretario General de la OEA José Miguel Insulza.

"Si la delegación de la OEA no logra persuadir durante esta semana al gobierno de facto de Honduras que permita el regreso de Zelaya a la presidencia, la comunidad internacional no tendrá otra opción que intensificar la presión", concluyó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Ahora la moneda está en el aire, puesto que la visita de la OEA terminó el martes 25 de agosto, sin que se llegara a ningún acuerdo sobre el particular punto del presidente depuesto.

Las conclusiones de la Comisión Interamericana

En sus conclusiones preliminares, la Comisión comprobó la existencia de un "patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública" por parte de las Fuerzas Armadas y la policía, que ha tenido como consecuencia la muerte de, al menos, cuatro personas, decenas de heridos y miles de detenciones arbitrarias.

También constató que el gobierno de facto abusó de sus poderes de emergencia y utilizó a las Fuerzas Armadas para restringir la libertad de reunión y expresión.

La Comisión confirmó la existencia de casos de violencia sexual contra mujeres, y que las amenazas, las detenciones y los ataques violentos dirigidos contra periodistas habían generado un ambiente de intimidación entre los medios de comunicación de línea crítica.

Si bien la Comisión informó que se habían registrado graves actos de violencia y vandalismo por parte de manifestantes, destacó que la mayoría de las manifestaciones se habían realizado en forma pacífica.

En un extenso informe, el organismo documentó graves faltas y abusos en diversos rubros:

-Muertes y posibles desapariciones
-Uso excesivo de la fuerza
-Detenciones arbitrarias
-Violencia sexual
-Ataques a medios de comunicación
-Abuso de los poderes de emergencia
-Ausencia de garantías legales
-Violencia y vandalismo de partidarios de Zelaya

La Comisión observó que la mayoría de las manifestaciones se habían realizado de manera pacífica, señaló que en algunos casos excepcionales los participantes habían cometido actos de violencia, "incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad", tales como el incendio de un restaurante y una agresión contra un diputado.

Leer el informe completo de Human Rights Watch


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